Mientras la madre de Michael Jackson, Katherine continúa esquivando el asunto de la custodia pedido por Debbie Rowe para los niños del último Rey del Pop, es la hermana de Michael, Janet Jackson la que emergido ante muchos ojos como la persona que se ha ganado el cariño de los tres niños. Y, las fuentes [...]...

A veces una diferencia de color puede causar una gran diferencia en el producto. Esa es la impresión que me da la Nintendo Wii negra, que estará disponible (primero en Japón), desde el 1ro de agosto. Si bien es la misma consola, la impresión que da de negro es mucho más elegante y hasta menos infantil [...]...

El domingo terminé de ver Battlestar Galactica, y todavía siento esa sensación de vacío y despedida que suele acompañarme cuando termino un buen libro, película o serie. Entonces como no me quiero despegar de los personajes y sus historias, comparto con ustedes estas caricaturas de los mismos al estilo Simpsons (como les mostró Juan hace poco [...]...

Al asistir al entierro de un conocido, a un hombre le llamó la atención una lápida que decía lo siguiente: “Aquí yace Vicente. Vivió cien años y murió a los veinte.” Este hombre, sin entender muy bien lo que aquella frase quería decir, buscó al encargado del cementerio para indagarle el epitafio en esa lápida. -Sí, por [...]...

Los políticos se viven contradiciendo dia tras dia, y mas en este paisito bananero, pues no bien salimos del berenjenal de cuando el Estado dominicano decidió comprarle a la Shell su participación en la refineria dominicana de petróleo, y ahora es que quieren venderle esa misma porción a Venezuela. El punto es que los politicos decian [...]...

Al Byrd, del condado Carroll en Georgia, Estados Unidos, recibió la sorpresa de su vida al ver su cada totalmente demolidad por una compañía constructora que alega que una urbanizadora de Texas les contrató para demoler la casa en esa coordenada, pero lo más lindo de todo es que quienes demolieron no tenían la dirección [...]...

A Hugo Chavez no hay forma de callarlo y la oposicion de Venezuela no ha tenido la capacidad de lograr una empatia con el electorado de esa prolifera nación, ahora de nuevo Chavez quiere silenciar a la prensa que no esta de su lado, amenazando a Globovisión de cerrarle las instalaciones. A Chavez no le gusta [...]...

El nombre de la red, cuyo nombre técnico es SSID, puede ser configurado a gusto en el router, sirve para identificar una red WiFi a la hora de conectarse. Luego de esa mínima explicación, para lo que no conocían del tema, les traigo esta recopilación armada por la gente de Oddee, donde juntan los nombres [...]...

Por Sara Lovera
Periodista desde hace 40 años, fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC(CIMAC), fue directora del suplemento Doble Jornada, y actualmente es corresponsal de Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe(SEMlac) en México; integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; conduce y codirige Mujeres en Movimiento y participa en la Mesa Periodistas de Capital 21, el canal por internet de la Ciudad de México. Es editorialista de Antena Radio, Mujeres Net, Cuadernos Feministas, y Proceso digital. En 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz.

El gobierno mexicano, que involucra al Congreso y a las autoridades civiles y militares, se ha rehusado sistemáticamente a reconocer los crímenes cometidos por militares en el cuerpo de las mujeres. No los reconoce y no se juzga a los militares en tribunales civiles. Los expedientes se acumulan en los archivos y frecuentemente la anomia y la indiferencia los llenan de indignidad.

Se cumplieron 15 años desde que se denunció la violación a 3 jóvenes indígenas Tzeltales atacadas en un retén militar de Altamirano, Chiapas, el 4 de junio de 1994, en plena represión zapatista.

El expediente se examinó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996, luego de acudir a todas las instancias nacionales. Cinco años después, esa Comisión requirió al gobierno de Vicente Fox para que se juzgara a los militares en los tribunales comunes, nada se hizo; también conminó a la reparación del daño, así como la presentación y encarcelamiento de los responsables, quienes todos estos años han sido protegidos por la jurisdicción militar.

Ningún argumento, investigación, prueba ha sido suficiente para el gobierno mexicano, requerido recientemente, en marzo apenas, para revisar otros casos como el de Barranca de Bejuco en Guerrero y lo que aparezca.

No quiero hablar sólo de impunidad sin sentido o de vacíos e incumplimientos. Lo que realmente sucede es que existe una sistemática complicidad de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón con los militares que abusan de las mujeres, se los protege sin fundamento jurídico alguno ante el asombro internacional.

El 21 de mayo, apenas hace días, se celebró en una diligencia en Ocosingo, Chiapas, donde las 3 jóvenes Tzeltales ratificaron los cargos, las circunstancias, los testigos, algo que la Comisión Interamericana requiere para enviar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una de ellas, la mayor de aquellas tres menores, se negó a describir en detalle, pero, fortalecida, madura, les recordó a los enviados de Justicia Militar de SEDENA y de la procuraduría de justicia chiapaneca que todo está en el expediente. Ratificó sus dichos, aquellos, de una larga mañana en que fueron requeridas por justicia militar en 1994, única ocasión en que fueron presentados los militares y tomó nota de ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también omisa.

Si se lee con cuidado, en muy pocas palabras, puede verse que 15 años de trámites, escritos, idas y venidas de abogadas, grupos de mujeres, periodistas a Washington, para pedir la justicia que debió realizarse en México, se observará el tamaño del quebrantamiento de la Constitución Mexicana, de la inequidad para las indígenas, de la injusticia. Se puede mirar cómo reina la vejación contra las mujeres, de las que hablan los políticos tan seguidamente.

Lo cierto es que el Estado Mexicano representado en la multitud de audiencias por los burócratas en turno, no ha permitido el más mínimo avance. Ha tratado de que el asunto quede petrificado, como la enorme lista de otros muchos expedientes.

Para qué entonces firman buenos deseos y promesas en legajos gigantes de convenios, convenciones, acuerdos y declaraciones. ¿Sólo para burlar a las y los mexicanos?

No existe el más mínimo avance.

Allá en la comunidad, las hermanas Tzeltales pasaron de niñas a mujeres; pero no han quedado varadas en su historia. En Ocosingo fortalecieron su dicho. ¿Qué hará el gobierno de Felipe Calderón?, argumentará sordera, ignorancia, indiferencia. No lo sé, pero este asunto tendría que llenarse de argumentaciones y voluntad de la llamada sociedad civil y de los grupos de mujeres, que entonces, en 1994, parecía que les importaba.

Las y los burócratas de todos los cuños, seguramente han logrado nuevas tesis jurídicas y nuevas formas de ir y venir a Washington, pero las jóvenes no obtienen respuesta. ¿A quién les importan?, más allá del lucimiento.

Nunca como en la actual Legislatura el tema ha sido tantas veces examinado. La emblemática denuncia de Altamirano en 1994, que reveló el carácter autoritario, intimidatorio y abusivo de las incursiones militares en pueblos y comunidades, obligó a configurar varias iniciativas para que, de una vez por todas, quede claro que los militares en servicio que cometan delitos del fuero común deben ser juzgados en tribunales civiles, requeridos e investigados por estos y con la vigilancia de los órganos civiles que correspondan. Es el colmo que 15 años después sea la Procuraduría de Justicia Chiapaneca, sin capacidad ni decoro, la que participe.

Conozco dos iniciativas para reformar el Código de Justicia Militar. Una de la diputada Marina Arvizu y otra de la diputada Lenia Batres. Ninguna ha sido dictaminada ni llevada a la asamblea. La indiferencia machista de los legisladores es apabullante.

Se aduce que es Justicia Militar la encargada, que por cierto no rinde cuentas, no presenta a los delincuentes, no los juzga ni encarcela. Tras cada denuncia se tiende una cortina de humo.

Es por ello que tras la diligencia de Ocosingo, se construyó un comité de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos para poner al centro la urgente necesidad de que se haga justicia a las hermanas Santís o González, para darles alguna denominación, considerando el carácter emblemático de su añeja denuncia, para hacer sentir que esta vez hay que decir basta y desarmar la estrategia de doble lenguaje del gobierno mexicano que firma tratados y convenciones en el vacío.

El comité formado por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Comité de Derechos de las Mujeres de Chiapas y el Comité Prerreparaciones para las Hermanas González de los Estados Unidas junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) buscará movilizar conciencias en estos días para atisbar la justicia.

Saben que para lograr un avance se requiere de la acción concertada y coordinada de la sociedad civil, de que se ajusten a la ley los Institutos de las Mujeres; se cumpla con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia; que opere la Constitución de la República, la Ley General de Igualdad, todas esas entelequias que circulan en nuestro medio y que pocas conocen y nadie cumple.

Este sábado 6 de junio habrá un homenaje a las víctimas de la represión de Atenco, atacadas sexualmente por la policía federal y del Estado de México, hermanas de las tzeltales, reprimidas y vejadas por causa semejante, por la violencia institucional contra las mujeres.

Esas mujeres que accedieron a la relumbrante Fiscalía Especial para atender los Crímenes contra las Mujeres, que no dejó operar, como supimos, el Procurador General de Justicia de la República, Eduardo Medina Mora, quien está entretenido en su lucha personal contra la libertad de las mujeres al oponerse al derecho a interrumpir un embarazo, el mismo que operó la represión en Atenco en mayo de 2006.

La sociedad civil, los órganos civiles y oficiales de derechos humanos y las organizaciones de mujeres, tienen la palabra: las tzeltales requieren una respuesta y la reparación del daño ahora.